¿El fin del “modelo chileno”? Tres contrapreguntas (y algunas respuestas)

Posted on septiembre 14, 2012

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Mucho se ha escrito en los últimos meses acerca de “el fin del modelo chileno”. Análisis diversos, desde distintas miradas y con disímiles conclusiones, todas a partir del impacto del conflicto estudiantil (ver un resumen aquí). El siguiente comentario tiene por objeto señalar algunas vías que pudieran conducir dicho análisis de una manera más sistemática. Más que dar respuestas -que se ofrecen indefectiblemente- me interesa proponer nuevas preguntas relacionadas con cómo entender el estudio del fenómeno propuesto, esto es, cómo entender los cambios de régimen o de configuración económica y societal, y de paso dar luces sobre la trayectoria de la economía política chilena.

1. ¿Qué es “el modelo”?

Merece la pena detenerse a pensar el lugar que ocupa el concepto -elevado casi a categoría de mantra- de “el modelo”. ¿De qué es modelo el “modelo”? ¿Una cierta orientación de las políticas públicas? ¿Un determinado tipo de Estado y su relación con la sociedad? ¿Una determinada configuración política?

En su estudio sobre las transformaciones de la economía política japonesa, y en una crítica al concepto de “estado desarrollista” [developmental state] utilizado por diversos autores para caracterizar las estrategias de desarrollo de países como los Corea del Sur y Taiwan, T.J. Pempel propone la utilización de la noción de “régimen de desarrollo” [developmental regime]. La novedad está en que el concepto propuesto no incluye únicamente un actor (la burocracia estatal) y una determinada orientación de la política pública (el desarrollismo u otra), sino que incorpora además al conjunto de instituciones económicas y políticas que los rodean, y al conjunto de actores societales que les da sustento.  Resulta, a mi juicio, interesante retomar esta definición que siguiendo la tradición de la economía política (Hall 1997), analiza simultáneamente las relaciones de poder, las instituciones y las ideas en el estudio de la continuidad y cambio societal.

2. ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido de “el modelo”?

Resulta trivial a estas alturas afirmar la continuidad entre la dictadura militar, los gobiernos de la concertación y el actual gobierno de S. Piñera. No obstante, ¿a qué se refiere exactamente dicha continuidad? Sin ir más lejos, R. Ffrench-Davis distingue no 1 sino 4 períodos que corresponden aproximadamente a cada una de las décadas pasadas desde el 73’ en adelante. De la misma forma, M. Taylor habla de las “permutaciones” del neoliberalismo en Chile, identificando 3 hasta 2006. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que permanece?

Respecto de las ideas y los paradigmas de políticas, existen dos interpretaciones, que a mi juicio se complementan. Por un lado, están las que observan una continuidad desde el 73′ mismo en la expansión de la ideología neoliberal a través de diversos “circuitos culturales” que le permiten alcanzar una hegemonía clara. La otra, más específica en lo que respecta a políticas económicas, es la que observa un quiebre importante entre la ortodoxia al momento de implantación del neoliberalismo en Chile y “los pragmatismos” posteriores a 1982-3, reconociendo al mismo tiempo el alto grado de consenso alcanzado por estos últimos. Ello se puede comprobar en la institucionalización de dichas ideas en políticas públicas y leyes en la década siguiente, logrando establecer verdaderos “amarres” institucionales (parafraseando a Hugo Fazio). Destacaría 3 fundamentales: 1) la autonomía del Banco Central y su rol exclusivo de combate a la inflación que limita la utilización de la política monetaria, 2) la ley de responsabilidad fiscal que limita el gasto público, y 3) la política comercial -especialmente la firma de TLCs y la incorporación a organismos como la OMC- que limitan las políticas industriales. Estas instituciones constituyen el limite práctico -sancionado legalmente- a cualquier intento por salirse del “consenso pragmático” –transformado así en camisa de fuerza-, siendo fundamentales en reformas “emblemáticas” como la del sistema de pensiones y en limitar la expansión fiscal en el período de vacas gordas (parafraseando nuevamente a Fazio).

Las instituciones políticas, por otro lado, han sufrido cambios importantes: el neoliberalismo en dictadura es, sin duda, distinto del neoliberalismo en democracia#1 (“tutelada”) y democracia#2 (no tutelada pero aún con binominal). De una relevancia central, sin embargo, parece una institución que a mi juicio no ha sido relevada lo suficiente y que trasciende las relaciones de representación entre ciudadanía y partidos que se suponen centrales en una sociedad pluralista. Las relaciones de los distintos grupos organizados con el Estado no han sido iguales sino que desiguales -como ocurre en sociedades corporativistas. Este corporativismo, sin embargo, tiene un sesgo particular hacia la intermediación directa de los intereses de ciertos grupos empresariales –quienes logran así un segundo canal de representación, mucho más directo por cierto- y la exclusión de las organizaciones de trabajadores. Esta característica, conseguida por la burguesía local después de la crisis del 82-3′ y re-instalada desde el primer gobierno de la concertación, parece haber permitido un equilibrio de fuerzas -léase “una capacidad de veto”- básico para mantener la estabilidad del sistema político.

La base de este grupo privilegiado aparece como la “constante más constante”, aunque con pérdidas y adiciones en el camino. Las pérdidas no han sido permanentes, volviendo constantemente los mismos protagonistas al ojo del huracán, como lo demuestran las peripecias del Chicago Boy Manuel Cruzat. Las adiciones más significativas la constituyen aquellas provenientes de las privatizaciones de mediados de los ochenta (no por nada consideradas “estratégicas”), y que lograron crecer y consolidarse gracias a la privatización a su vez estratégica de los sistemas de seguridad social y de educación. A este grupo se le añaden las multinacionales que adquirieron los servicios sociales en los 90’ y aquellas que se han asentado en los sectores exportadores, especialmente minero. Las características más importantes de este grupo son la base rentista de sus operaciones (ya sea de recursos naturales u operaciones financieras, aunque también el retail), la diversificación de dichas operaciones en diversos rubros y su férrea organización, que contrasta diametralmente con la de sus adversarios seculares. Estas características le dan a este grupo una ventaja crucial en sus estrategias políticas, especialmente al momento de desplegar “huelgas de capital”, como observó M. Kalecki. El principio lo conocemos todos, y es sencillo y contundente: “La pelota es mía; o se juega con mis reglas o me la llevo” (sustituir “pelota” por “capital”).

3. ¿Qué debe cambiar del modelo para ponerle fin?

Las movilizaciones estudiantiles parecen haber tenido al menos dos grandes efectos en la agenda pública: por un lado, la aceleración de la discusión sobre reformas políticas (inscripción automática/voto voluntario, cambio al sistema binominal); la segunda, la discusión sobre la reforma educacional/reforma tributaria.

Sobre la última díada: teniendo en cuenta lo ocurrido anteriormente con reformas bulladas como aquella al sistema de pensiones y al de salud, y considerando los últimos sucesos en la materia, pareciera razonable pensar que el Estado chileno -avalado por quienes tienen capacidad de veto- está en condiciones de enfrentar una mayor carga redistributiva sin alterar los equilibrios de poder y las estructuras económicas y sociales del régimen, y sin apartarse de los lineamientos básicos de política económica (véase por ejemplo aquí). Una reforma al sistema educativo, aún una amplia que signifique aumentar significativamente los recursos a los establecimientos educacionales públicos, no parece ser ni imposible ni implicar quiebres fundamentales en la trayectoria actual de la economía política chilena.

Por otro lado, debido a la férrea oposición del sector más recalcitrante de la derecha, la reforma al binominal sólo se ve en el horizonte en la medida que las protestas ciudadanas logren efectivamente generar una nueva mayoría electoral para su reemplazo. Este, como se ha visto últimamente, tampoco se vería completamente pavimentado con el sólo desplazamiento electoral de la UDI (véase por ejemplo, la discusión sobre la reforma al número de parlamentarios, y las discusiones en torno a la Asamblea Constituyente). Aun suponiendo que el binominal fuera cambiado y una nueva mayoría electoral accediera al poder, habría que preguntarse por la capacidad de dicha mayoría de 1) establecer las políticas públicas adecuadas para cambiar la estructura económica del país de manera de 2) alterar el equilibrio de poderes y darle estabilidad a un nuevo régimen de desarrollo.

Para lo primero es necesario lograr un nuevo consenso en el ámbito de las ideas que, como vimos, se encuentra muy lejos de existir. ¿Sería dicha mayoría capaz de impulsar cambios que signifiquen terminar con las metas de inflación del Banco Central o comprometerlo con un tipo de cambio competitivo?, ¿Expandir el gasto público sin tapujos por encima de la regla fiscal? ¿Amenazar acuerdos internacionales para proteger a una incipiente industria exportadora nacional?

Aún si esto se lograra, el último escollo sería vencer la contraofensiva de quienes se ven desfavorecidos por los cambios. Dada la eficacia de la amenaza de huelga de capital en las décadas pasadas (por ejemplo con Pinochet en el 82-3′, Aylwin en el 90′ y Lagos en el 2000) nada parece indicar que el fin esté cerca.

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